Por Luis Manuel Toto Pólito/Más allá de ser un caso meramente local, la retención injustificada del empleado de circulación, de la empresa periodística Informantes en Red, ocurrido apenas el 20 de octubre por órdenes de funcionarios del ayuntamiento de Santiago Tuxtla, pudiera convertirse en el primer hecho en el estado de Veracruz, que trascendería hasta la vía penal.
Esto lo confirmó vía telefónica Jorge Morales, quien se desempeña como comisionado en Xalapa, de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz (CEAPP), asintiendo que tras el agotamiento
de todos los plazos y requerimientos que ellos han solicitado al ayuntamiento tuxtleco, sería el primer caso de esta naturaleza en donde se han obtenido respuestas negativas, que obligarían a un siguiente paso, en este ámbito una denuncia por el delito de incumplimiento de un deber legal.
“La ley nos faculta para pedir un informe justificado de la acción que se cometió, cuando una autoridad no está respondiendo a otra autoridad, se pueden iniciar procedimientos de sanción”; dijo el entrevistado.
Reafirmó también que la omisión de una respuesta al oficio enviado por la CEAPP hace unos días, da por confirmados los hechos en agravio del empleado del medio informativo, siendo este el primer delito a castigar, y que inclusive está impregnado en el artículo 6° de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que cita: “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
“Cuando a una persona de un medio se le prohíbe, impide u obstruye la distribución de un material informativo, por supuesto que abre otro ámbito que es la sanción administrativa que nosotros podemos ejercer contra quien este violando este derecho constitucional”, aseguró.
De acuerdo al declarante, las responsabilidades pudieran fincarse a los servidores públicos involucrados (el secretario técnico Marcos Flores Aguilar o el director de gobernación municipal), sin embargo, si de esto se desprende que ellos manifestaran que quien instruyó fue la alcaldesa Claudia Acompa Islas, se podría hasta proceder a en contra de ella después de un desafuero que solicitaría la propia procuraduría general de justicia (PGJ).
finalizar calificó de muy grave haber retenido a un integrante de un medio de forma deliberada para impedir el flujo de la información.
