Empresas veracruzanas tendrían preferencia en adjudicación de contratos de obra pública.

Empresas veracruzanas tendrían preferencia en adjudicación de contratos de obra pública.

La diputada Miriam Judith González expuso la iniciativa que reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas, a fin de generar este beneficio para empresas locales.

Para otorgar preferencia a las empresas veracruzanas, respecto a las foráneas, en la asignación de contratos de obra pública, la diputada independiente Miriam Judith González Sheridan presentó la iniciativa que reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con Ellas del Estado de Veracruz, en la que destacó que para darse esta acción tendrá que haber similitud en los precios, calidad y tiempos de ejecución de las obras.

En la décima primera sesión ordinaria, del Congreso del Estado, la legisladora destacó que entidades como Durango, Aguascalientes y Tabasco se han establecido diferentes mecanismos para promover que la adjudicación de obra pública, así como la compra de bienes y servicios beneficien en lo posible a empresas locales y maximizando de esta manera el efecto multiplicador de una derrama económica que de forma directa beneficia a la sociedad en su conjunto.

Esta modificación, señaló la diputada González Sheridan, vendría a reforzar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz, que en 2015 fue modificada para establecer que “Los proveedores con domicilio y residencia fiscal en el Estado y el municipio de que se trate, tendrán preferencia para ser adjudicatarios, y se les permitirá un precio hasta del 5 por ciento mayor que las cotizaciones foráneas”.

Expuso que el Estado puede directamente invertir en el desarrollo de actividades productivas o puede contratar con particulares el desarrollo de obra, “de hecho, el mero gasto en la compra de insumos genera una derrama económica que puede beneficiar o incentivar un sano desarrollo de la economía”, añadió.

En la tribuna, la legisladora subrayó que los criterios de eficiencia o racionalidad deberían ir más allá de la disminución de costos, y maximizar, sobre todo, el impacto del gasto en el desarrollo y las condiciones de bienestar de la población.

Dijo que debe tomarse en cuenta que la economía es un conjunto complejo, y que “cada peso gastado” no sólo repercute en los usuarios directos de la obra o servicio de que se trate, sino que también incentiva la actividad económica en su conjunto a través del pago de salarios y compra de insumos que realicen las empresas o personas a quienes se encarga la realización de una obra, prestación de servicios o suministro de bienes.