Revisan diputadas presunto daño patrimonial a la UPAV

Revisan diputadas presunto daño patrimonial a la UPAV

Participan legisladoras de Morena en sesión de Comisión de Vigilancia

Xalapa, Ver., 19 de julio de 2018.- Las integrantes del Grupo Legislativo de Morena, Lourdes García González, Daniela Griego Ceballos y María del Rocío Pérez Pérez participaron en la vigésima segunda sesión de la Comisión de Vigilancia de la LIV Legislatura.

En dicha sesión se presentó el Informe Complementario de la Extensión de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), del cual se desprende un presunto daño patrimonial por 363 millones 104 mil 562 pesos con 32 centavos.

Del informe anterior se desprende que no se acreditó el destino y aplicación de los recursos correspondientes a las aportaciones realizadas por los alumnos registrados en los planteles de dicha institución educativa en el ejercicio 2016.

Aparte, se presentaron Informes de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de los cuales se desprenden que las administraciones municipales del cuatrienio 2013-2017 de los municipios de Emiliano Zapata, Cosautlán de Carvajal, Citláltepetl, Ixhuatlán de Madero, Teocelo y Tezonapa son denunciados ante la SFP por la Coordinación de Asuntos Penales, Laborales y Administrativos del Fideicomiso de Fondo de Habitaciones Populares (Fonhapo).

Los seis ayuntamientos mencionados firmaron un convenio con Fonhapo en el año 2016 con el objeto de participar en el Programa de Apoyo a la Vivienda 2016.

En otro momento de la sesión se dio a conocer que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) comprobó la imposibilidad de realizar la auditoria a la Cuenta Pública 2017 al Ayuntamiento de Cosamaloapan ya que no hubo proceso de entrega-recepción ni tampoco existen documentos en los archivos del ayuntamiento que permitan la fiscalización del mismo ejercicio fiscal.

Finalmente, durante la sesión de la Comisión de Vigilancia fue aprobada la iniciativa que reforma el artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz para agilizar el proceso de fiscalización y se notifique a los ex servidores públicos respecto del proceso en que estén involucrados.